Críticas y oportunidades perdidas

Aunque la ordenanza representa un avance, no ha estado exenta de críticas. Diversos colectivos sociales y ambientales —como CICrA Justicia Ambiental— han señalado que el texto final no incorporó muchas de las propuestas ciudadanas surgidas en el Consejo para la Sostenibilidad. Estas propuestas iban más allá del reciclaje de aguas grises e incluían medidas de ahorro estructural, como aireadores, cisternas de doble descarga o mecanismos para controlar el consumo de grandes usuarios.

Tampoco se ha apostado por establecer mecanismos de seguimiento y control que garanticen el cumplimiento real de la normativa. La sensación general es que, aunque se ha dado un paso, se ha perdido la oportunidad de avanzar hacia un modelo aún más ambicioso y participativo.

¿Y los sistemas biológicos? ¿Una incoherencia técnica?

Un aspecto técnico que genera dudas importantes es la aplicación del RD 487/2022, que regula la prevención y control de la legionelosis, especialmente por el riesgo que implica el uso de aguas grises. La ordenanza municipal establece que todos los elementos de los sistemas de tratamiento deben estar preparados para resistir desinfecciones con 30 mg/l de cloro libre residual.

Aquí es donde surgen las contradicciones: si bien la ordenanza permite el uso de sistemas biológicos —como la fitodepuración o biorreactores con microorganismos—, este tipo de desinfección resulta inviable para su funcionamiento. Las plantas y bacterias que depuran el agua no pueden sobrevivir a esas concentraciones de cloro, y si la normativa exige cloraciones periódicas o preventivas, estos sistemas quedarían desactivados o destruidos.

Sí, se podrían «resembrar» los microorganismos tras cada cloración, pero esto implica costes, retrasos y un conocimiento técnico que difícilmente encaja con la realidad de una instalación doméstica o comunitaria. La normativa parece pensada más para sistemas físico-químicos o mecánicos, dejando en el aire cómo se garantizará la viabilidad real de las opciones biológicas, a pesar de que se las contempla en el texto.

Además, no hay garantía de que los sistemas biológicos puedan recuperarse completamente tras una cloración de choque, lo que plantea dudas serias sobre su viabilidad a largo plazo. Así que, como siempre, la responsabilidad recae en el titular de la instalación, que deberá asumir las consecuencias: diseño adecuado, mantenimiento, evaluación de riesgos y posibles costes por tratamientos extremos. La normativa permite soluciones naturales, pero al mismo tiempo las deja en una situación muy frágil frente a los requisitos sanitarios actuales.

El camino hacia una ciudad resiliente

Pese a sus limitaciones, la nueva ordenanza representa un cambio de paradigma. Por primera vez, el uso eficiente del agua se plantea como una obligación legal en el diseño urbano. Esto podría abrir la puerta a futuras medidas más ambiciosas, sobre todo si otras ciudades siguen el ejemplo de Barcelona y perfeccionan el modelo.

Pero para que esta transformación sea realmente estructural, será clave resolver contradicciones como la mencionada, y garantizar que la normativa no solo diga qué sistemas están permitidos, sino que cree las condiciones técnicas y legales para que funcionen de verdad.

Al final, la pregunta no es si deberíamos aprovechar las aguas grises, sino por qué hemos tardado tanto en hacerlo. En un contexto de emergencia climática y escasez hídrica, cada gota cuenta, y cada decisión —por técnica que parezca— refleja un modelo de ciudad y de sociedad.